Hoy de nuevo el maldito juzgado 32 de plaza de Castilla,desoyendo leyes y directrices gubernamentales a dictado lanzamiento,contra una madre e hija en vulnerabilidad y sin alternativa habitacional la respuesta del movimiento en defensa de una vivienda digna a sido el que a conseguido parar este disparate,que un juez incompetentes y rozando la prevaricación a llevado a cabo
Ayer 21/3/2021 estuvimos junto a mas de una treintena de colectivos sociales,reclamando más atención por parte del Ayuntamiento de Leganes,así como que la vivienda publica lo sea también social
#LeganesXloPublico #LeganesCiudadAbandonada
Desde PAH Leganés, convocamos junto a más de una veintenas de colectivos y asociaciones municipales para el domingo 21 de Marzo a las 12:00 en la plaza del Salvador de Leganés a todos los colectivos y personas que quieran participar e informarse sobre este acto y los posibles futuros en contra del abandono y la incomunicación que el Ayto. de Leganés, en especial su Gobierno municipal, vienen aplicando esta legislatura , pero también la pasada.
En este colectivo siempre hemos defendido y seguimos defendiendo la importancia de los servicios públicos básicos y de calidad, y que para ello el Ayuntamiento (como el resto de Administraciones) tiene que tener obligadamente una comunicación y cooperación (cuanto menos) constante con todos los agentes y movimientos sociales de cada ámbito. Desde este movimiento por el derecho a la vivienda, se ha sufrido especialmente la dejadez y el mutis del Ayto. desde prácticamente su creación en 2010 de manera constante y aunque hemos sabido trabajar , crecer y luchar colectivamente sin su apoyo ni comunicación, creemos fervientemente en que es necesario su plena involucración en los problemas de la ciudadanía con los colectivos que los luchan y rotundo cambio de actitud.
Desde PAH Leganés, pensamos que en la materia de vivienda desde el Ayto. de Leganés deberían empezar a tomarse medidas y políticas más amplias, numerosas y complementarias entre ellas con el fin de facilitar y fomentar en la medida de sus competencias (que no son pocas) el acceso y el derecho a la vivienda para todos sus ciudadan@s. A continuación desglosamos las mínimas medidas necesarias de manera muy escueta, que desde nuestro punto de vista, deberían tomarse a corte y medio plazo para acercarnos a este objetivo social y que hemos hecho llegar a la Federación de Asociaciones Vecinales de Leganés:
En hipotecas, esta misma negociación se podría gestionar desde una Oficina de Mediación Hipotecaria (que no intermediación), siguiendo el ejemplo en el Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) e incluso extrapolándose de una manera adecuada y proporcional al resto de la problemática de la vivienda.
Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.
Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.
Nacida al calor del franquismo una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo
……………………………………………………
https://prouespeculacio.org/2021/03/12/el-paraiso-fiscal-de-la-patronal-del-alquiler-no-se-toca-en-ello-estan-de-acuerdo-abalos-y-los-sindicatos-de-vivienda/
Recientemente ha sido noticia que la sección sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla haya dictado sentencia revocando, en un recurso de apelación, el “desahucio por precario” de una familia ordenado por el Juzgado de Primera Instancia 28 de esa provincia y promovido por Buildingcenter, inmobiliaria de Caixabank. La sentencia es de 29 de octubre del año pasado, pero ha llegado a los medios cuatro meses después.
Nos resulta llamativo que se haya colado esta noticia entre los titulares de agencias como si este caso fuera novedoso o excepcional, cuando desde nuestra plataforma, o cualquier otro colectivo de lucha por el derecho a la vivienda, nos venimos enfrentando habitualmente y desde hace bastante tiempo a esta fraudulenta actuación de las entidades financieras o sus inmobiliarias y la pasividad de la administración de justicia ante ella.
En el procedimiento de ejecución hipotecaria que una entidad financiera inicia contra una familia que no puede hacer frente al pago de su hipoteca, llega un momento en el que la vivienda es subastada y adjudicada al banco. A continuación, éste suele cedérsela a una inmobiliaria de su propiedad o a un Fondo de Titulización si la hipoteca estaba titulizada, en lo que se llama cesión de remate, operación, por cierto, libre de impuestos, no como para cualquier ciudadano que ceda una propiedad, el cual tendrá que abonar los impuestos correspondientes. Ventajas de ser un banco.
Pero ni la adjudicación de la vivienda al banco ni la cesión de remate a un tercero suponen el final de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Los ejecutados pueden seguir defendiéndose y en reiteradas ocasiones se han sobreseído procedimientos mucho después de subastada la vivienda por diversas razones, abusividad de las cláusulas de la hipoteca, defectos en las notificaciones, irregularidades procesales, etc… También puede darse el caso de aquellos ejecutados que, por cumplir los requisitos, se han acogido a la moratoria del desahucio contemplada por el Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. En cualquier caso, hasta que el juzgado que tramita el procedimiento de ejecución no decreta su final o los ejecutados han sido desahuciados como consecuencia del procedimiento, los que en ella viven lo hacen con toda la legitimidad y legalidad.
No obstante, y pese a que las entidades financieras y sus inmobiliarias conocen perfectamente la ley, no renuncian a hacer trampas, algo a lo que nos tienen muy acostumbrados. Desde hace tiempo y de forma frecuente, con el procedimiento de ejecución hipotecaria todavía abierto y pendiente de resolver, la inmobiliaria del banco a la que este cedió la vivienda presenta una demanda de “desahucio por precario” contra los “desconocidos ocupantes” de la vivienda. La demanda de desahucio por precario es el recurso jurídico que los grandes tenedores de vivienda pueden iniciar contra aquellas personas que ocupan, sin título ni derecho alguno, una vivienda de su propiedad. Es el que usan para expulsar de las viviendas de las que son propietarios a las personas que habitualmente conocemos por “ocupas”. Al ser demandadas por precario, estas familias, que viven legítimamente en la que era su casa hasta que el banco se la adjudicó, pasan a engordar las cifras de las estadísticas que reflejan el número de viviendas “ocupadas”.
¿Y por qué recurren a este tipo de demanda, aunque saben perfectamente, no solo quién vive en esa casa y que lo hace de forma absolutamente legítima, sino que la trampa no les va a funcionar en muchos casos?
Primero, porque en bastantes ocasiones cuela, como había colado en el caso del juzgado 28 de Sevilla que recoge la noticia antes mencionada.
Segundo, porque aunque no cuele, consiguen asustar y desquiciar a las familias, convirtiéndolas en víctimas más fáciles de sus presiones para que renuncien a su defensa. Conocemos y asesoramos muchos casos en que, tras la presentación de la demanda de “desahucio por precario”, la familia recibe insistentes llamadas telefónicas o incluso reiteradas visitas a su domicilio, en las que empleados de la entidad demandante les amenazan con “echarles a la calle por ocupas” o que van a contratar a empresas especializadas en “desocupación”.
Y tercero y lo que es más grave, porque no les pasa nada, y por añadidura les sale gratis ya que, aunque sea difícil de creer, casi nunca les condenan a pagar las costas de estas demandas.
Reproducimos literalmente tres párrafos del Fundamento de Derecho segundo de la citada sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ilustra lo afirmado en el párrafo anterior.
“A nadie escapa que el procedimiento de ejecución hipotecaria es el adecuado para obtener el lanzamiento del deudor ejecutado y que acudir para la consecución de tal fin al procedimiento de desahucio por precario, puede encubrir un fin fraudulento, pues en éste el demandado no puede oponer su eventual situación de especial vulnerabilidad que le confiere una serie de beneficios, en concreto la suspensión del lanzamiento, tal y como prevé la Ley 1/2013 de 14 de mayo y el Real Decreto Ley 5/2017 de 17 de marzo que modifica el Real Decreto Ley 6/2012 de 12 de marzo.
Ninguna explicación plausible da Buildingcenter para justificar por qué ha acudido al procedimiento de desahucio en lugar de interesar el lanzamiento en el procedimiento de ejecución hipotecaria, lo cual nos lleva a concluir que pretende eludir la aplicación de las normas legales anteriormente invocadas, cosa que no puede tener amparo judicial sin contravenir lo establecido en el art. 6.4 del T.P del Código Civil.
Por tanto haciendo aplicación de dicho precepto y del art. 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que: » 2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal», procede estimar el recurso de apelación”.
La duda que nos surge es que si la Audiencia Provincial considera que el demandante, en este caso Buildingcenter, puede estar cometiendo fraude procesal, que es un delito de estafa agravado y que puede ser castigado con penas de cuatro a ocho años de prisión según el Artículo 250 del Código Penal, ¿por qué no se da trámite a la fiscalía para que persiga este delito? Nos tememos que es otra ventaja de ser una entidad financiera o pertenecer a una de ellas: que puedes retorcer la ley o cometer un delito y nadie te va a investigar por ello.
Y una pregunta final, ¿qué pasaría con las familias demandadas por precario si hubiera resultado aprobada (afortunadamente no lo ha sido) la propuesta presentada en el Congreso recientemente por el Partido Popular y votada favorablemente por Ciudadanos y VOX, para extender las prerrogativas del desahucio exprés (en 48 horas), actualmente aplicables a viviendas “ocupadas” propiedad de particulares, a las de las entidades financieras y sus inmobiliarias? La contestación es obvia, estarían en la calle.
De los compahs de PAH Madrid.
#ParqueViviendaPúblicaYA #EMSULEparaViviendaSocial
El pasado jueves 5 de febrero se aprobó en pleno municipal del Ayto. de Leganés un nuevo proyecto de edificación de 668 viviendas públicas para venta y alquiler por medio del EMSULE, sacado con los votos del gobierno municipal PSOE-Leganemos-Ciudadanos y el apoyo de Unidas Podemos. Se adjunta la memoria de EMSULE sobre este mismo proyecto.
Desde PAH Leganés, siempre hemos defendido la necesidad de la vivienda pública en función social de alquiler social y/o asequible, para cubrir la emergencia habitacional (del alquiler, hipoteca y okupación) que asola España y también Leganés. Recordamos que Leganés hay una media de 3 desahucios diarios, antes de la pandemia, y que tras sus consecuencias probablemente aumente este número cuantiosamente., y que no existe ningún parque público de vivienda social actualmente. Frente a esta situación de emergencia social, desde hace décadas el Ayto. de Leganés, usando el EMSULE, siempre ha actuado buscando únicamente el beneficio económico, vendiendo viviendas públicas como VPO a precio similar o algo menor al de mercado, y destinando un porcentaje residual a alquiler casi convencional, no social ni ajustado a las condiciones económicas de cada familia. Además, no podemos olvidar las más 100 viviendas públicas del EMSULE que llevan años vacías y sin uso alguno, menos aún social.
Respecto al nuevo proyecto de edificación del EMSULE:
Este nuevo proyecto del EMSULE por desgracia no va a ser diferente y sigue las mismas políticas de vivienda inútiles para solucionar los problemas de las familias más vulnerables, que se llevan aplicando desde hace décadas. Leyendo el proyecto adjunto, se puede afirmar que:
– El EMSULE sigue siendo el mismo instrumento de generación de ingresos para el ayuntamiento, que siempre, por medio de la venta de vivienda pública.
– El EMSULE sigue siendo igual de opaco que siempre y no aporta ninguna información real sobre el precio de los supuestos alquileres sociales o le procesos de adjudicación de dichas viviendas públicas.
Primero, se va a vender más de la mitad de viviendas (350) a un precio de mercado. En la página 8 de la memoria adjunta, en el punto de Ventas, vemos que el coste de construcción medio por vivienda será de 120.000€, más casi 25.000€ si se añade el trastero y el garaje. Esto implica por tanto que el coste de venta final será entre los 150.000 y los 200.000€, como mínimo seguramente, precios muy lejos de ser asequibles o para familias jóvenes o personas en vulnerabilidad.
Segundo, los alquileres que se preveen hacer no van a ser sociales ni de cerca. En la misma página 8 de la memoria, en la sección de Subvención, se mencionan unos precios máximos por metro cuadrado para el alquiler de las viviendas. Si se considera viviendas públicas de unos 100 m² (un valor razonable y común), los alquileres máximos estarían en precios de 550 y 700 €, un valor muy lejos de ser un alquiler social. Además, los valores de precio de los alquileres sociales no vienen fijados de antemano, sino que se dan conformo a los ingresos de las unidades familiares y de un análisis previo de su situación de vulnerabilidad, dinámica que el Ayto. de Leganés nunca ha aplicado de manera oficial y que por lo visto, parece sin querer seguir aplicando.
Tercero, suponemos que realmente no se va a destinar ninguna vivienda a alquiler social para luchar contra la dramática y complicada situación de acceso a la vivienda que sufre el municipio. No solo por las declaraciones de los últimos días por parte del Ayto. y del alcalde, sino porque en la memoria no se explicita en ningún lado el número de viviendas dedicadas a alquiler social ni si existe o se creará un protocolo de adjudicación y barametrización de la entrega de alquileres sociales. Aunque en la memoria se menciona en la página 5, tanto en en la introducción del punto de “Exposición de motivos” como el de “Necesidad y motivación”, el modelo de Alquiler Social y la contribución a tener un parque de vivienda de alquiler social; en el resto de la memoria ni se vuelve a mencionar ni a aclarar nada relativo a esto.
Por tanto, CONCLUIMOS que:
Resulta vergonzoso que el Ayto. de Leganés, con el PSOE a la cabeza, siga utilizando el EMSULE con un único motivo recaudatorio, sin prestar un mínimo interés a luchar contra la lacra de los desahucios, de las personas vulnerables y de las persona sin hogar en la ciudad. No nos sorprende ya, pero desagrada y sigue revolviendo las tripas que el único esfuerzo que han realizado estos días se dé solo en la dirección de dejar claro a ciertos sectores insolidarios de la ciudadanía que ninguna de estas viviendas públicas va a ser para las personas más vulnerables y necesitadas, o como parece que ellos las clasifican “esos indigentes, vagos y maleantes muertos de hambre”.
Desde PAH Leganés, seguiremos luchando por el derecho a la vivienda para todas las personas, en especial las más desfavorecidas, y nos encontraran en frente de todas estas políticas clasistas y discriminatorias de vivienda, que solo buscan favorecer la especulación con la vivienda, el afán recaudatoria y el continuismo de la injusticia y discriminación en el acceso a la vivienda de una buena parte de la población.
+ Proyecto de edificación del EMSULE:
Hoy, 19/02/21, hemos asistido a una de las acciones más vergonzosas a las que una institución puede recurrir. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid, que a través de lo hasta ahora era el IVIMA, en este momento se denomina pomposamente y contradictoriamente Agencia Vivienda Social (AVS), ninguna de estas funciones ni vivienda ni social realiza. Esta AVS debiera de ejercer para que a todas aquellas familias que con menores a su cargo no les faltará un techo desde donde criar a estos.
Hoy está misma AVS, no sólo comete la criminal acción de expulsar a la calle a familia con menores escolarizados debidamente en el entorno, sino que lo hace saltándose los derechos de estos afectados, pues en lugar de acudir con la pertinente Comisión judicial, que debiera de ser la que se hiciera cargo del bien lanzado; lo ha hecho sin nadie que velara por los derechos de esta familia. Más bien al contrario, con el beneplácito del Delegado del Gobierno se han presentado en el lugar más de 12 furgonetas de antidisturbios provistos de ariete y tijeras dispuestos a cualquier cosa para consumar tal disparate social.
Finalmente y como ya hemos podido comprobar en otras ocasiones, se implanta una puerta metálica, así como un reforzamiento en rejas y ventanas que convierten la vivienda ya vacía en un auténtico búnker a la espera de que el fondo buitre correspondiente ofrezca un precio y esta mal llamada AVS llegué a acuerdos de venta con ellos.
Recordamos que estamos en Estado de Alarma con la puesta en marcha del llamado Decreto antidesahucios y que además esta familia disponía de medidas cautelares dictadas por el Comité de DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de la ONU, solicitando la paralización del lanzamiento hasta tener resuelto el problema habitacional.
#AyusoDesahucia #DesahucioPARADO
Desde PAH Leganés, comunicamos:
que en las últimas horas desde Provivienda, que trabaja para los Servicios Sociales del Ayto. de Madrid, han informado a la familia afectada (Jesús y María) que su desahucio fechado para mañana miércoles 13 de enero está suspendido por las condiciones climatologías, como el resto de desahucios de estos días, según informan. Todo esto a su vez provienen de fuentes de la AVS, que es quien llevaba a cabo el intento de desahucio.
Por tanto:
Desconvocamos el stop-desahucio de mañana, agradecemos la solidaridad y apoyo de todos y todas las que habéis participado en la difusión para evitar esta injusticia y os seguiremos informando de cómo se desarrolla la situación habitacional de esta familia, por si fuera necesario volver a convocar.
#AlertaDesahucio #StopDesahucio
Día: Miércoles, 11 de enero del 2021
Hora: 10:30
Lugar: calle Mártires de la Ventilla, Madrid
Transporte público: <Renfe> Chamartín y <M> Ventilla
#AyusoDesahucia
El próximo miércoles 13 de enero, la AVS de la Comunidad de Madrid intentará dejar en la calle a una familia sin alternativa habitacional, residentes en la vivienda de esta Administración situada en la calle Mártires de la Ventilla, 126, en Madrid.
Jesús y María llevan viviendo desde el año 2014 en esta vivienda de la AVS (antiguo IVIMA). La familia ha intentado negociar la regularización de su situación habitacional con esta Administración desde ese momento, basándose en las propias leyes y protocolos aprobados en la Asamblea de Madrid que permiten la regularización de las personas que ocupen sin título legal estas viviendas desde antes del año 2015. Actualmente siguen en negociaciones con la AVS para esa regularización, pero el proceso judicial abierto sigue sus tiempos y ya hay fecha de desahucio para el 13 de enero.
Sin alternativa habitacional y con la situación doblemente grave por la que se está pasando actualmente en Madrid de pandemia por el Covid-19 y de temporal de frío histórico, entendemos desde PAH Leganés que no se puede llevar a cabo ningún desahucio de ninguna persona por respeto tanto al derecho a la vivienda como al mismo derecho a la salud de cada uno.
Desde PAH Leganés, siempre hemos denunciado las nefastas y nulas políticas de vivienda pública y social que se han llevado en este país (especialmente en ciertas comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña), pero además hoy también condenamos totalmente las 3 desgraciadas muertes de personas sin hogar debido al temporal de frío (y al hecho de vivir en la calle, en toda su extensión), conocidas hasta el momento.
Por tanto, convocamos y apelamos a la solidaridad y apoyo colectivo de todas las personas, movimientos y medios de comunicación que quieran evita esta peligrosa injusticia, cometida por la Comunidad de Madrid y el juzgado de turno, el miércoles 13 a las 10:30 en la calle Mártires de la Ventilla, en Madrid.
